BERARDO Y RAMÍREZ IMPUTADOS
Calderón Salomón: “La investigación podría expandirse a otros responsables y se espera una acusación fiscal para ir a juicio y lograr condenas”
El jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado habló tras conocerse la imputación por corrupción de los ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá por el mal manejo de fondos públicos y las medidas de coerción. Se señalaron irregularidades en contratos, falta de licitación y transferencias a cuentas personales.
La Fiscalía de Estado había solicitado cargos contra el ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo por el incumplimiento de los deberes de funcionario, negociaciones incompatibles y cohecho. A Ramírez por los mismos delitos.
La ex secretaria de Deportes fue denunciada por la contratación irregular del cierre y nivelación de canchas de fútbol en el predio de la Universidad de La Punta. Berardo autorizó los pagos que superaban lo permitido por la Ley de Contabilidad. Fue a 10 días de finalizar el mandato de Alberto Rodríguez Saá y contemplaban trabajos por más de $88 millones.
La secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, a cargo de Ricardo Bazla, informó durante la investigación que no pudieron constatar los trabajos y que se trató de una “obra fantasma”.
“Ante la necesidad imperiosa de realizar canchas de fútbol a horas de dejar sus cargos en un estado de situación de crisis financiera de la provincia, se pudo determinar que las firmas de Ramírez y Berardo autorizaron estas contrataciones sin contar con los requisitos esenciales del reglamento interno del Ente Deporte”, explicó Santiago Calderón Salomón a El Chorrillero.
También se consideró que no se llamó a licitación. “Estas contrataciones siempre se hacían con esta empresa (MyD Construcciones SRL), que según se incorporó en una diligente tarea del Ministerio Público Fiscal, nació con el fin de facturar solamente al Ente Deportes”, aseveró el letrado.
Hoy, la Justicia le prohibió a Berardo salir de la provincia durante cuatro meses, la firma del libro de imputados y la inhibición de bienes. A la ex secretaria de Deportes, que ya tiene otros procesos, volvió a quedar imputada por mal manejo de los fondos públicos.
Calderón Salomón indicó que desde la Fiscalía de Estado se solicitó el embargo porque “estamos hablando de delitos económicos y es fundamental salvaguardar también una potencial sentencia pecuniaria que es lo que busca la sociedad, que se devuelva ese dinero al Estado para que pueda ser utilizado justamente para el bien de la comunidad”.
La querella también hizo énfasis en la posible implicación de más personas en la causa a raíz de las declaraciones de Ramírez durante la audiencia donde manifestó que hay otros responsables que dependían jerárquicamente en aquel entonces de su presidencia en el Ente Deporte y acusó a la Justicia de “una persecución”.
“Puede haber más responsables y cambiar la calificación con la negociación incompatible, un delito más complejo de corrupción”, precisó Calderón Salomón.
La causa continuará con la incorporación de elementos probatorios y “lo que se espera es llegar a una acusación fiscal para ya ir a juicio y lograr una ansiada condena de parte de la sociedad en estos delitos de corrupción”, cerró el jefe de la Sala Penal.